Los agrotóxicos, el tema olvidado que pide atención urgente

Fernando Bejarano González Director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y alternativas en México (RAPAM) A.C.  www.rapam.org

El uso masivo de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis química para el control de plagas y enfermedades en el campo y la ciudad no fue incluido con acciones explícitas en la agenda ambiental, la relacionada con el campo o la salud pública, de la mayoría de los candidatos presidenciales y tiene una mención marginal en la plataforma de Morena, en la que sí se incluye la agroecología, lo que abre un camino para tomar medidas más profundas. 

No es de extrañar que el tema de los agrotóxicos haya quedado ausente de las plataformas del PRI o del PAN y sus coaliciones, pues estos gobiernos en sus políticas neoliberales han sido los responsables de la grave situación que vivimos en nuestro país. Los datos duros, condensados en el informe Los plaguicidas altamente peligrosos en México no dejan lugar a dudas: en nuestro país se utilizan 140 ingredientes activos de plaguicidas prohibidos en otros países. Además de 183 ingredientes activos de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos, porque presentan una o más de estas características:  pueden causar la muerte por su alta toxicidad aguda, o provocar algún efecto crónico a la salud: como probables causantes de cáncer en humanos, malformaciones, alteraciones hormonales, tóxicos a la reproducción,  además de estar incluidos en convenios ambientales internacionales, ser muy tóxicos para las abejas, los organismos acuáticos y muy persistentes en agua y sedimentos. El estar expuestos sin nuestro consentimiento a estas sustancias tóxicas constituye una violación a los derechos humanos, como lo han expresado diversos los relatores especiales de Naciones Unidas.

Que en México más de 3 mil productos comerciales que incluyen plaguicidas, con una o más de dichas características de peligrosidad, estén autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es resultado de la regulación neoliberal que subordina el cuidado a la salud y el medio ambiente a las necesidades del mercado oligopólico de plaguicidas, que beneficia principalmente a empresas transnacionales que controlan también las semillas híbridas y transgénicas.

La plataforma de Morena hace una mención marginal del problema de los plaguicidas en el Proyecto de Nación 2018-2024. En su Diagnóstico del sector rural se refiere al exceso de fertilizantes químicos; en el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas para “mejorar las capacidades técnicas y la productividad de los jornaleros agrícolas“ (sic, en el documento no se habla de los derechos de estos trabajadores del campo, la perspectiva es empresarial) se propone un programa de capacitación “para mejorar el manejo de los plaguicidas” y reducir los accidentes y la contaminación; algo similar a lo que ya se ha hecho con el discurso de fomentar “las buenas prácticas” de manejo. Solo en las propuestas de solución del rescate del campo, en el proyecto de sembrar un millón de hectáreas con árboles maderables y frutales se propone impulsar la transición hacia un sistema alimentario con base en los principios y prácticas de la agroecología, donde se reconoce “que es necesario un gran impulso a los cultivos orgánicos”, “e inducir, en la medida de lo posible, la reducción de uso de agroquímicos”.

El proponer la transición a sistemas de producción agroecológica es un avance, pero no debería limitarse al programa agroforestal en la región sur-sureste, sino integrarse a una política de Estado con criterios agroecológicos para el campo, incluyéndola también en los programas de fomento integral para lograr la autosuficiencia alimentaria que plantea el Proyecto de Nación de Morena. 

En la transición agroecológica el reducir de manera creciente el uso de agrotóxicos para evitar el uso de plaguicidas altamente peligrosos podría ser un objetivo nacional, acorde con los planteamientos en el Proyecto de Nación sobre la transversalidad del eje ambiental, la planeación socioambiental del territorio y la justicia ambiental. La transición agroecológica -es decir, sin agrotóxicos- podría articularse dentro del sistema de educación, investigación y transferencia de tecnología agrícola y con la agenda del Conacyt. 

También es compatible con los compromisos planteados por el movimiento Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, propuesto por más de 100 organizaciones campesinas y adherido por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que incluye a la agroecología, el derecho a una alimentación segura y con calidad, a la soberanía alimentaria y a suspender los plaguicidas prohibidos en otros países.

La oportunidad de tener alimentos sanos, sin tóxicos, está dada. La transición política que estamos viviendo y los compromisos asumidos por la nueva administración abren la puerta para tener un campo sin agrotóxicos, en beneficio de los campesinos y las campesinas, de los ecosistemas y de quienes consumimos los alimentos que se producen en el campo. Es decir, de todos.

La ruta para desintoxicar nuestro campo

Algunas de las medidas que se podrían tomar como parte de un programa nacional de apoyo a la transición agroecológica y reducción de agrotóxicos son: 

• Realizar los cambios legislativos necesarios para un proceso de cancelación expedita del registro de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países. Atendiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de 2015 y las de los relatores especiales de derechos humanos a la alimentación y tóxicos de la ONU.
• Excluir a los plaguicidas altamente peligrosos de los programas gubernamentales de fomento agrícola y control fitosanitario promovidos por Sagarpa y Senasica.
• Fortalecer el acceso público a la información respecto al uso y monitoreo de plaguicidas, cumpliendo y ampliando la regulación vigente para que:

1. Se garantice el derecho público a saber cuánto, dónde y qué tipo de plaguicidas se aplican en todos los usos.
2. Se mejore el registro de intoxicaciones agudas e incluir el de enfermedades crónicas asociadas a la exposición a plaguicidas, con el fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica por parte de la Secretaría de Salud, pero reorganizando la información para que sea de fácil consulta pública y permita su discusión a nivel municipal.
3. Se haga un monitoreo ambiental de los residuos de plaguicidas químicos, cubriendo los vacíos regulatorios existentes, dando prioridad a la reducción progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos en el agua y suelo, y de sus efectos sobre los polinizadores y los ecosistemas.
4. Se Implemente un programa nacional de monitoreo regular de residuos de plaguicidas, accesible al público, en los alimentos destinados al consumo nacional (granos básicos, frutas y hortalizas), por parte de Senasica y la Secretaría de Salud, y no solo los dedicados a la exportación. 

• Prohibir las aspersiones aéreas de plaguicidas de síntesis química, especialmente de los considerados altamente peligrosos, en cultivos cercanos a poblaciones y/o ecosistemas vulnerables, y prohibir el uso de personas (“bandereros”) durante las fumigaciones.

Dichas medidas permitirían elaborar un diagnóstico territorial del uso de plaguicidas altamente peligrosos que permita fijar prioridades para su prohibición, metas de reducción en cultivos y territorios específicos, orientando los programas de apoyo a las alternativas agroecológicas y ampliar los derechos de trabajadores, comunidades y consumidores. De este modo se contribuiría también a cumplir con las recomendaciones sobre los plaguicidas altamente peligrosos del Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas (SAICM) de las Naciones Unidas.